Fortalecer las marcas agroindustriales contribuye al incremento del peso económico del sector

Dice un refrán que más vale los pocos muchos que los muchos pocos, o dicho en roman paladino, empujan más pocos grupos fuertes que muchos grupos débiles. Y esto en el sector agroalimentario es una realidad palpable. La atomización del sector impide que se constituyan grandes marcas, capaces de defenderse ante la competencia, el intrusismo o la copia. De hecho, no es hasta que se comprueban los datos agregados cuando se percibe la trascendencia socioeconómica que el sector tiene, tanto en la provincia, donde agricultura, ganadería, pesca y agroindustria (incluidas las biotecnológicas ligadas al sector) aportan casi el 20% del PIB y más del 50% de las exportaciones; como en Andalucía, con registros similares.
La marca, además, no es sólo una herramienta defensiva, sino también ofensiva ya que actuaciones como ganar mercado o la internacionalización, son imposibles sin el respaldo de una marca, que, también, es una activo inmaterial de la empresa y no sólo le permite diferenciarse del resto, sino que incluso, al formar parte de su patrimonio, puede ser objeto de negociación.
Contar con empresas fuertes, capaces de posicionar sus marcas en el mercado resulta esencial para convertirlas en marcas notorias o renombradas e incrementar así el peso de la agroindustria. Pero para alcanzar este objetivo no es suficiente con ofrecer un buen producto o servicio, sino que es preciso acudir a especialistas que asesoren y defiendan las posiciones de la compañía. Y es ahí donde se ha volcado el II Congreso Andaluz de Derecho Industrial, que ha organizado la Fundación Escuela de Derecho Industrial y Mercantil y los colegios de Abogados, Titulares Mercantiles y Economistas, con el apoyo de las dos entidades financieras de la provincia, Caja Rural de Granada y CajaGranada.
Así, después de un primer Congreso, que fue de presentación y acercamiento más general a los distintos problemas genéricos que afectan a la propiedad industrial, con este segundo comienza una nueva etapa, que focaliza objetivos concretos. En esta ocasión la atención se ha centrado en el sector agroalimentario, por la importancia socioeconómica que tiene este sector en Granada y en Andalucía. De forma que se han analizado “de forma pormenorizada las distintas necesidades que puede tener una cooperativa, una industria agroalimentaria, a la hora de proteger sus productos y sus servicios”, explica Blas Alberto González, director académico del Congreso. Y para la próxima edición ya se barajan algunos temas, entre los que destaca el de las patentes biotecnológicas como eje de las ponencias y debates.
No parece aventurado apuntar a la consolidación de este encuentro profesional dada la asistencia de profesionales de la empresa y abogados, no sólo andaluces, que se han dado cita en este Congreso. Parece alcanzarse así uno de los retos de los organizadores del Congreso que era conseguir que si Granada es la sede judicial donde se ven todos los pleitos de Andalucía sobre propiedad industrial, el profesional jurídico y el titulado mercantil o economista que tiene que hacer la pericial para ese tipo de procedimientos, pueda ser granadino y que las empresas, de cualquier parte del país, que tengan un litigio en Andalucía, puedan acudir a Granada sabedores de que van a poder disponer de profesionales capacitados.