El caso de Bankia muestra la repercusión del trabajo de los auditores
Eladio Acevedo durante su ponencia
Un informe de auditoría ha desencadenado que el Estado controle el 100% del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), con lo que se convierte en el principal accionista de Bankia. Este caso pone de manifiesto la trascendencia social que tiene la labor que desarrollan los auditores, unos profesionales que tienen en sus manos la tarea de revisión y verificación de las cuentas anuales y otros documentos contables. A partir de ahí emiten un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos, que pueden tener efectos ante terceros.
En ese marco se ha desarrollado la jornada “Nuevo marco regulador de la auditoría de cuentas” que ha organizado el Colegio de Titulares Mercantiles de Granada.
En el caso de Bankia, el informe del auditor señalaba que la participación que tenía BFA en Bankia estaba mal contabilizada y había que dotar una provisión que no podía soportar la entidad. Según explica Eladio Acevedo, secretario general del Registro General de Auditores (REGA), “el papel del auditor es muy complicado, ya que su informe pone de manifiesto situaciones de inestabilidad o de peligro de continuidad de las empresas, de forma que se hace pública una situación que genera consecuencias, tales como la negativa a renovar la financiación por parte de entidades financieras, que determinados proveedores dejen de suministrar, o la extrema en el caso de Bankia”.
Pero esas situaciones no son las únicas. De hecho, en los países de cultura anglosajona la auditoría se exhibe entre las empresas como una garantía de solvencia, de forma que es habitual que, con independencia de su tamaño, las compañías se auditen. Nada similar a lo que ocurre en España, donde las empresas auditadas son, casi en exclusiva, aquellas obligadas por Ley.
Lo cierto es que en la actual coyuntura económica, donde la financiación está tan restringida, que una empresa presente un informe favorable no es garantía de acceso al crédito. En este sentido, Acevedo sostiene que “las entidades financieras están exigiendo que las empresas que solicitan préstamos aporten cuentas auditadas, si tienen obligación, y si no están sometidas a esa exigencia valoran muy positivamente que cuenten con informes de auditoría pero, por desgracia, el apoyo económico sigue sin fluir”.
En las jornadas que ha organizado el Colegio de Titulares Mercantiles también se ha atendido a la incorporación de las Normas Internacionales de Auditoria, una normativa que no afecta a la información financiera que presentan las empresas. Se trata de 33 nuevas normas “traducidas no de forma fiel sino literal del inglés, porque así lo exigía la Unión Europea, para evitar interpretaciones. Esa operativa va a exigir un esfuerzo de adaptación a los auditores españoles que deberá estudiar, aprender y aplicar unas normas que le son extrañas”, apunta este experto. Parece previsible que las primeras cuentas anuales que se auditarán de acuerdo a las Normas Internacionales serán las de 2013, que se emitirán en 2014, por lo que se abre un periodo de transición de dieciocho meses.