Las empresas se resisten a auditar sus cuentas
El siguiente artículo recoge algunas de las ideas expresadas en la Jornada sobre “Auditoría en tiempos de crisis” celebrada el pasado día 21 de octubre.
Una auditoría a tiempo puede ayudar a las empresas a detectar problemas y establecer los remedios adecuados que le eviten, por ejemplo, entrar en concurso de acreedores; sin embargo ese mensaje no cala entre los empresarios granadinos, aunque es una postura similar a la del resto de España. Así se ha puesto de manifiesto en la Jornada “Auditoría, en tiempo de crisis”, que ha organizado el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Granada.
Eladio Acevedo, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pontificia de Comillas y secretario general del ReGA explica que, la auditoría se ha concebido desde principios de los años noventa en España como una obligación legal, de tal forma que “aún no ha calado entre los empresarios que someter a auditoría sus cuentas anuales le aporta valor a su propio negocio; por el contrario, entiende que la auditoría es una obligación que, si puede, la evitará, para eliminar también el coste que conlleva”. No es esta la única cuestión que entra en juego. Este experto sostiene que el auditor puede detectar una situación de riesgo y ponerla de manifiesto en su informe, un argumento que el empresario no suele entender como un aviso, sino como “una anticipación de la situación de dificultad”.
Por otra parte, la nueva normativa, que ha subido los volúmenes que obligan a las empresas a auditar sus cuentas, tales como la cifra del total de activo, el importe neto de la cifra de negocio y las plantillas, ha reducido de forma drástica el número de empresas que auditan sus cuentas. De hecho, la crisis se ha traducido en que los activos hayan bajado por estar más deteriorados o por la provisión de insolvencias de clientes; las ventas también se han resentido, con la consiguiente merma de la cifra de negocio y muchas compañías están inmersas en EREs que han reducido su plantilla. Tal situación “ha disminuido el volumen de empresas que auditan, pero, además, el tiempo que hay que dedicar a hacerlas es mayor, por el incremento del riesgo que entraña realizarlas en tales circunstancias”.
A finales del mes de julio entró en vigor la nueva Ley de Auditorías que es transposición de la octava directiva comunitaria y debería haberse adaptado hace dos años, pero no se hizo. Aún así, esa Ley se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos del Congreso y ha contado con el respaldo de las tres corporaciones implicadas y el ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas). Acompañando a la Ley llegan nuevas normas de auditoría. Ya está en vigor la norma técnica de valor razonable y están publicadas en borrador la norma técnica de emisión de informes y de información corporativa y la norma técnica de relación entre auditores. Próximamente verán la luz nuevas normas como la de importancia relativa y la de control de calidad. Se prevé que en el plazo de dos años todas esas reglas sean sustituidas por las Normas Internacionales de Auditoría, a semejanza de lo que se hizo con las Normas Internacionales de Información Financiera que posibilitó que todos los países tuvieran una información financiera y un marco contable homologados. Las 36 normas tienen un origen sajón, “sin posibilidad de adaptarlas a las características propias de cada país, lo que implicará una dificultad adicional de comprensión y aplicación de esas normas para los países latinos, como es España”, señala el secretario general del ReGA (Registro General de Auditores).