“El modelo de patente comunitaria, tal y como está planteado ahora, supone una desventaja para la industria competitiva española”

Alberto Casado Cerviño, director de la Oficina Española de Patentes y Marcas
-¿Cuál es la postura española ante laPatente Comunitaria y sus tribunales?

La posición española es favorable a tener una patente comunitaria y una jurisdicción unitaria europea en materia de patentes. Por lo tanto, a nosotros no nos genera ninguna dificultad el avanzar hacia un instrumento jurídico  único; lo que nos está planteando dificultades es, básicamente, el modelo que la Comisión y al mayoría de los estados miembros están adoptando y, especialmente, el hecho de que se discrimine el idioma español, tanto en el ámbito de la patente comunitaria como en el ámbito jurisdiccional.

-¿En qué estado se encuentra la negociación?

Está muy avanzada. En este momento los dos reglamentos, sobre el derecho sustantivo y el lingüístico, están en el Parlamento, en fase de enmiendas, y se prevé que a finales de este año el pleno del Parlamento adopte una posición. Si opta por no introducir cambios importantes sobre los textos enviados por el Consejo, lo normal es que se apruebe a final de este mismo año. En cuanto al tratado que se está negociando sobre el régimen jurisdiccional comunitario no creo que pueda ser objeto de una conferencia diplomática hasta principios del próximo año. En cualquier caso, estamos hablando ya de un tiempo muy corto.

-¿Cuáles son los principales obstáculos que se ha encontrado el proyecto?

La lengua en cuanto a los reglamentos y después el modelo, es decir, la estructura jurisdiccional que se quiere adoptar que, en muchos aspectos, es extraña a  nuestro modelo jurisdiccional.

-¿En qué aspectos?

Por ejemplo, contempla la posibilidad de que existan jueces técnicos que no tengan formación jurídica. Que se nombre para un caso específico un juez concreto, lo que choca con el principio de seguridad jurisdiccional que fija nuestra Constitución. Que el Tribunal tenga un carácter multinacional y que haya que trabajar en idiomas distintos al español, en algunos casos. Todos esos aspectos, y otros, son un poco extraños a nuestro modelo y nos genera serias dificultades.

-¿Cuáles pueden ser las consecuencias para España de la puesta en marcha de la patente comunitaria?

Es probable que si al final el proyecto sigue adelante, en la hipótesis de que el Tribunal de Justicia Comunitario no nos dé la razón y considere que nuestra postura entra en conflicto con el Derecho Comunitario, España se va a ver enfrentada a la necesidad de decidir si entra o no entra en este juego; pero esa será una decisión de naturaleza política, que deberá ser examinada en profundidad. En el momento actual, no creo que exista la posibilidad de entrar en el sistema, tal y como está. Y si nos quedamos fuera, entonces tendremos que valorar lo que tenemos que hacer.

-¿En el caso de solventarse esos problemas  a los que hace referencia, qué ventajas tendría para España la puesta en marcha de la patente europea?

Un sistema de tutela unitaria con un idioma único, el inglés, o, en el caso de que haya varios, que entre ellos entre el español; un sistema jurisdiccional que resuelva esos conflictos con el modelo judicial español, que antes apuntaba, sería enormemente interesante para la industria innovadora española. Pero tienen que darse esas condiciones.

-Y, ¿En caso contrario?

El modelo, tal y como está planteado ahora, supone una desventaja para la industria competitiva española.

-¿Cuál es la situación de Andalucía en materia de patentes y marcas respecto a España?

En la modalidad de patentes nacionales la región sumó el año pasado 454, el 12,84% del total; en modelos de utilidad las 233 solicitudes representan una cuota del 9,28%; en diseños el 12,29%; en marcas el 11,44% y en nombres comerciales el 17,68%. Por lo que respecta a la distribución de las patentes por sectores, el primer lugar lo ocupa Química y Metalurgia con 59 solicitudes.

-¿Qué opina sobre la escasez de profesionales andaluces especializados en Derecho Industrial?

Andalucía tiene una Escuela Mercantil excelente, unos buenos juristas especializados en propiedad industrial y magistrados, como el director académico de este Congreso, que están creando escuela; de forma que no está mal situada. Lo que ocurre es que Andalucía, como mi región, Galicia, tiene un tejido industrial menos fuerte que otras comunidades españolas y eso tiene consecuencias, también en el número de profesionales. Pero iniciativas como este Congreso van por el camino de solventar el problema