Claroscuros en la reforma de la Ley Concursal
Casi 200 profesionales han asistido a las jornadas
Dos reformas en ocho años dan cuenta de la necesidad de adaptación de algunas leyes, especialmente las que atañen a la economía. Y es que una ley diseñada en tiempos de bonanza, como es el caso de la Concursal, tiene poco ajuste cuando la realidad la supera. De ahí que el reto de esta nueva reforma se centrara en “mejorar el posicionamiento de quienes apuesten para que una empresa en dificultades pueda salir adelante”, explica el magistrado de la Audiencia Provincial, Don Enrique Pinazo. Dado que más del 90% de las empresas en concurso acaban en la liquidación, no parece este un mal objetivo.
Entre los méritos que presenta la nueva redacción de la Ley aparecen que “se agiliza el proceso concursal, trata de reducir costes, fomenta la posibilidad de financiación y acelera los plazos” apunta Pinazo. Unos atractivos a los que Don Blas Alberto González, magistrado del Juzgado de lo Mercantil de Granada, añade que se hayan creado los institutos preconcursales “una buena noticia, si bien se ha hecho de una forma muy tímida y el legislador no se ha decidido a establecer un autentico y puro derecho preconcursal español, con acuerdos de refinanciación libres, entre acreedores y deudores”.
En el debe aparece que el recorte de plazos “compagina mal con una situación en la que los ajustes presupuestarios han contribuido a que los juzgados mercantiles estén desbordados, con la consiguiente dificultad para dar respuestas rápidas”. Igualmente, esa necesidad de agilizar tramitaciones “puede llevar aparejada alguna merma de garantías” en opinión del magistrado de la Audiencia Provincial.
Por su parte, González añade que al abordar la posibilidad de que deudores y acreedores alcancen acuerdos, sin intervención de la Justicia, exige una serie de requisitos que, en opinión del juez, son “restrictivos”. Entre ellos figura “que tengan las 3/5 partes del pasivo, que sea un 75% de entidades financieras, si no se llega a ese porcentaje, no es viable el acuerdo de refinanciación, y sólo es vinculante con la espera, no con la quita”.
Son sólo algunas de las modificaciones que la última reforma introduce. Y para analizarlos, la Fundación Escuela de Derecho Concursal ha organizado unas jornadas de estudio, celebradas en dos sesiones, en días sucesivos.
Casi doscientos profesionales granadinos no han dejado escapar la oportunidad de adentrarse en la disección de esos cambios, de la mano de los magistrados Don Enrique Pinazo y Don Blas Alberto González, expertos en materia mercantil.
Se trata de “plantear una introducción a las nuevas reglas de juego que presenta la reforma, pero la Fundación ya tiene previsto organizar varios cursos para profundizar en el tema”, explica Don Miguel Romero, presidente del Patronato de la Fundación Escuela de Derecho Concursal.
Y es que la reforma, (que entrará en vigor el próximo mes de enero, si bien algunos preceptos están vigentes desde octubre) exige experiencia y formación acreditada a los administradores concursales, una de las tareas que tiene encomendada la Fundación.
Además, se reduce el número de administradores concursales que intervenían en estos procesos y de tres, como regla general, se pasa a uno y, en casos de extraordinaria trascendencia, dos. Pero hay algunas cuestiones que quedan un poco en el aire con mandatos ambiguos, tales como que el juez debe respetar las reglas de equidad en el nombramiento de administradores concursales, pero no se especifica cómo. En cualquier caso, el magistrado elegirá los administradores de entre los registros que elaboran los colegios profesionales, y para tener acceso a entrar en esas listas es preciso acreditar formación específica en la disciplina concursal. De ahí que el magistrado Don Blas Alberto González, miembro del Comité de Dirección de la Fundación, apunte que, “ahí los colegios profesionales tienen una labor interesante que realizar, ya que corresponde a ellos la elaboración de esos directorios”.