La reforma evitará la opacidad fiscal de las empresas en concurso
De izquierda a derecha Blas Alberto González, Concepción Ordiz, Eduardo Torres, Miguel Romero y Enrique Pinazo
En los meses previos a la declaración del concurso las empresas pasan por momentos de dificultad económica y de confusión, de tal forma que suelen incumplir sus obligaciones formales, autoliquidaciones, cotizaciones de la Seguridad Social, etc. Esta situación, no siempre voluntaria, dificulta el que la Administración Publica y los trabajadores, entre otros acreedores, conozcan exactamente lo que se les adeuda. La reforma de la Ley Concursal, que previsiblemente entrará en vigor a principios del próximo año, tiene como uno de sus objetivos acabar con esa opacidad. A ese y otros aspectos se ha referido la abogada del Estado, Concepción Ordiz Fuertes, que ha clausurado el curso de Iniciación Concursal organizado por la Escuela de Derecho Concursal y Mercantil, con la ponencia “la Administración Pública ante el concurso”.
Ordiz Fuertes sostiene que en la reforma, “tal y como está a día de hoy, porque puede variar su redacción, se impone al concursado y a la administración concursal el deber de regularizar la situación de la empresa, no sólo fiscal, sino también respecto de los trabajadores”. Según esta experta, que ha participado en la comisión de codificación del nuevo texto, “estamos en un sistema moderno, en el que el Estado no conoce de antemano lo que cada empresa hace o cuanto le debe, es la empresa la que debe comunicar sus actividades y su fiscalidad, entre otra información; igualmente, si hay un procedimiento penal o de comprobación e inspección se dotan los medios para que ese crédito, nacido después de una inspección tributaria, se pueda incorporar al concurso”. En definitiva, se trata de medidas que se dirigen a luchar contra el fraude.
Concepción Ordiz también se ha detenido en explicar que en los concursos, “todo el mundo ve a la Administración Pública como Agencia Tributaria, Seguridad Social y Fondo de Garantía Salarial, pero es algo más que eso; son autoridades portuarias, Instituto de Crédito Oficial, ministerios, etc.” Y como parte del concurso que son esos organismos, a veces surgen controversias, algunas de ellas resueltas por el Tribunal Supremo y por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción y “nuestro objetivo es que se conozcan esos pronunciamientos para que se sepa de antemano cuál es la posición de la Administración Pública, no porque nosotros lo digamos, sino porque el Tribunal Supremo nos ha dado al razón, o porque no dándonosla, nos hemos adaptado a esas resoluciones”. El resultado de ese conocimiento es que se reducirán los litigios.
En cuanto al papel de los trabajadores en el concurso, la abogada del Estado apunta que “los empleados de una empresa no salen mal parados en comparación con las administraciones públicas, quizá con otros acreedores sí”. En este sentido recuerda que los trabajadores, en la Ley Concursal vigente, “tienen un tratamiento preferencial y, sobre todo, disponen de instrumentos de tutela como es el Fondo de Garantía Salarial, que les impide quedar desprotegidos, incluso aunque la empresa carezca de activos”. Una situación que resulta lógica dado que para ellos el contrato de trabajo es objeto y causa. En cuanto al resto de cantidades que no satisfaga el FOGASA, el ordenamiento jurídico les permite volver al concurso con un tratamiento preferente, incluso frente a las administraciones públicas.
Lo cierto es que la reforma de la Ley Concursal se hace necesaria porque las declaraciones de concurso no parecen que disminuyan en el ámbito nacional, por el contrario han crecido de forma significativa en el primer trimestre del año. Y en Granada la tendencia es la misma, de tal forma que, de continuar la misma senda que en los primeros meses, se declararían en la provincia 72 nuevos concursos a lo largo del presente ejercicio, cifra que supondría un 12% más que en 2010.
El curso que acaba de concluir forma parte del plan de formación de la Escuela Concursal y Mercantil, creada por los colegios de Titulados Mercantiles y Empresariales y de Abogados, una institución que “amplía su cobertura, de regional a nacional, y prepara la integración de otros colegios profesionales y organismos”, según ha explicado el presidente de la Fundación de la Escuela, Miguel Romero.