Bajan las disoluciones de empresas en Granada
Números objetivos, como la reducción en la entrada de empresas concursadas en el Juzgado de lo Mercantil de Granada, dan cuenta de una cierta mejoría económica en la provincia. Y es que la crisis se ha dejado notar en las disoluciones de empresas granadinas. Después de unos años de avalancha de concursos, que acababan casi todos ellos en liquidación, comienzan a verse algunos claros de luz.
Lo que no queda todavía muy claro es si la bajada en el volumen de empresas disueltas es consecuencia de la “criba” que ha hecho la recesión, o responde a una cierta mejoría en la economía granadina. De hecho, los expertos reunidos en el curso “Disolución y Liquidación de Sociedades”, que han organizado los colegios de Titulares Mercantiles y Economistas, creen que es aún pronto para hacer un diagnóstico.
Así, la notaria Teresa Barea, sostiene que “creo que hemos tocado fondo y el mercado ha hecho una criba que ha eliminado a las sociedades más débiles y ha dejado vivas a las que tenían solvencia suficiente para sobrevivir”. De ahí que lleguen a su notaría un número inferior a operaciones liquidatorias y, por el contrario, “vemos un aumento, todavía escaso, en la constituciones de sociedades que suelen ser pequeñas, con capitales mínimos y con objetos muy sencillos”.
Por su parte, otro de los ponentes del curso, el abogado Francisco de Paula Zurita, explica que es cierto que ha disminuido el volumen de concursos y, en consecuencia las que están se liquidan por ese proceso, pero muestra sus dudas respecto a que esa mengua en los concursos sea consecuencia de “una recuperación o, simplemente, de que hay menos empresas”. No obstante coincide con Barea en que “la criba está hecha, han aguantado las que estaban más fuertes, pero si hay bonanza económica, aún no es palpable”.
También se ha referido Zurita al desconocimiento y la reticencia que plantea la disolución entre los empresarios. Entre las motivaciones de esas reservas apunta a tres motivos principales: “el gran desconocimiento que hay sobre las causas de disolución; la poca voluntad de llegar a ella por el empeño de mantener la compañía, a pesar de estar inmersa en causa de disolución y no poder, o no querer, adoptar la medidas que puedan solucionar esas circunstancias y, en tercer lugar, por los gastos que creen que implica disolver una compañía, aunque si cuenta con un asesor jurídico, esos gastos quedan reducidos a los de notario y liquidador”. En su opinión, en muchas ocasiones, “en paralelo a la causa de disolución hay una causa de insolvencia y eso obliga a solicitar el concurso”. Además, en algunos casos, el interés por mantener la empresa y no tomar medidas a tiempo “se le puede volver en contra y generar una responsabilidad solidaria que le puede costar su patrimonio”, subraya Zurita.
Además de estos asuntos, en el curso organizado por los colegios de Titulares Mercantiles y Economistas de Granada, se han analizado los diferentes ámbitos que se ven afectados por la disolución y liquidación de empresas. Jesús Rodríguez Garvayo, inspector de Trabajo y Seguridad Social, se ha ocupado de la situación en la que quedan los trabajadores en este tipo de procesos. Según su argumentación, en los casos de extinción de una sociedad, el tratamiento para los empleados es similar si la desvinculación se produce por despido colectivo o individual, salvo por una mayor participación de la Administración en los colectivos. En ambos supuestos, si el despido es procedente, el empleado tendrá derecho a una indemnización de 20 días por año, con un tope de 12 mensualidades. Si la empresa es declarada insolvente, el FOGASA pagaría el 40%, es decir, 8 días por año. Además, “los créditos salariales que tengan los trabajadores, tienen una protección que se articula a través del procedimiento concursal ante el juez mercantil o, en su caso, ante la Jurisdicción Social” señala Rodríguez. Esa prioridad frente a otros acreedores está recogida en la normativa general de prelación de créditos que se establece en la Ley Concursal y en el Estatuto de los Trabajadores.
Igualmente, en el curso “Disolución y Liquidación de Sociedades”, se han abordado otros ámbitos a tener en cuenta en esos procesos, tales como los aspectos contables y de auditoría, que ha analizado el auditor de cuentas, José Gabriel Martín, y los efectos fiscales que produce la liquidación de una sociedad, área analizada por Juan José Aguilera, técnico de Hacienda del Estado.