La normativa SEPA facilita las transacciones intracomunitarias
Los colegios de Titulares Mercantiles y de Economistas de Granada, en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos de la Confederación Granadina de Empresarios, han organizado, junto a CajaGranada BMN, una sesión informativa para analizar la normativa SEPA, Sistema Único de Pagos en Europa, y sus implicaciones para empresas y particulares.
Desde el año 2002 en todos los países de la Eurozona era posible realizar pagos en efectivo con la moneda compartida, el euro, lo que ha dotado a esas transacciones de mayor sencillez al eliminar la diversidad de monedas nacionales previas. Sin embargo, a pesar de la moneda única, la fragmentación del sistema permanecía en los adeudos, transferencias y pagos con tarjeta transfronterizos, hasta el primero de febrero en que se unifican también, proceso que conlleva algunas modificaciones.
A efectos prácticos cambia el número de cuenta de modo que el Código Cuenta Cliente que tenía 20 dígitos pasa a 24, llamado ahora IBAN (International Bank Account Number), que incluye el viejo número de cuenta precedido de dos letras que identifican al país y dos números que son los dígitos de control. Esa nueva serie alfanumérica se debe solicitar a la entidad financiera con la que se opere, que la proporcionará de forma gratuita.
El objetivo es que las operaciones que se realicen en euros, en un total de 34 países, se rijan por las mismas reglas y bajo condiciones homogéneas, lo que redundará en una mayor seguridad y rapidez. Dado que las empresas granadinas incrementan año a año sus exportaciones, ellas serán el segmento más beneficiado por esta integración, ya que limita algunos de los riesgos con los que operaban en la situación previa.
La Comisión Europea ha presentado una propuesta para conceder un periodo transitorio adicional de 6 meses, hasta el primero de agosto de 2014. Para que sea efectivo deberá ser aprobado por los legisladores europeos. En cualquier caso, la fecha límite de 1 de febrero sigue siendo válida, ya que la propuesta anterior deja discrecionalidad a las entidades de crédito para que sigan o no aceptando operaciones en los formatos tradicionales.